Es importante ocuparnos del problema salarial que, dicho sea de paso, es un caso candente que debe solucionar el Estado y que hasta la fecha sólo compromete a la máxima organización de los trabajadores, COB, indicando que sus representantes han firmado un acuerdo y que se pone en vigencia el incremento del 8%. Nada se dice de una revisión de la canasta familiar, la misma que debería tener una relación estrecha con el incremento, pero el Gobierno no quiere analizar el caso y solamente se hace de la vista gorda.
Lo anterior está relacionado con los trabajadores activos, pero ¿qué pasa con los jubilados?
En primer lugar debemos ubicar el problema, donde se habla distintos lenguajes para referirse a los jubilados. Los jubilados “son uno solo”, sean del anterior sistema o de las Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes deben recibir una remuneración por los servicios que prestaron durante toda su vida, pero los llaman a unos rentistas y a los otros pensionistas, qué absurdo.
“Renta es una retribución, asignación o gratificación a los años aportados cuando estaban en calidad de trabajadores activos” y pensión es una utilidad, interés, ganancia, provecho, etc.”. Por lo tanto debemos deducir que de una u otra generación, una u otra forma de jubilarse, todos somos rentistas; de otra manera, el separarlos como rentistas del SENASIR o pensionistas del SIP es una aberración de tipo discriminatorio. Finalmente todos somos jubilados y percibimos una renta.
El caso que nos ocupa es el incremento a las rentas, según una última disposición los jubilados tendrán un incremento diferenciado del 50% per cápita y 50% inversamente proporcional sobre el índice de la UFV, que llega a un 4.79% y ahora como una dádiva sube a 5.8%. Lo correcto es que el incremento esté ligado estrechamente al aumento determinado por el Gobierno para los activos, y además que alcance a todos los niveles de jubilados y no presentar cuadros donde se excluye a un grupo bastante grande, los que no tendrán ningún incremento, este grupo tiene rentas de 470 Bs., 679 y 890.
Los ofrecimientos del primer mandatario sólo habían sido promesas preelectorales, cuando dijo en 2009 que la renta mínima sería de Bs. 1.800. Pasaron las elecciones y todavía existen rentas de hambre; lo mismo podemos decir sobre el futuro de los trabajadores, ya que de acuerdo con la Ley Nº 065, en el mejor de los casos llegarán a obtener una renta del 60% sobre su promedio salarial de 24 papeletas, cosa que quedó fuera, cuando los cálculos se los realiza en función de un promedio de 72 papeletas. Estos hechos y muchos otros sólo confirman que se desea poner en vigencia paulatinamente un genocidio muy disimulado, lo que seguramente tendrán que darse cuenta organismos internacionales para detener, reiteramos, lo que en un momento puede llamarse masacre.
Es oportuno pedir una Ley de Pensiones que realmente proteja a quienes se jubilen, por lo que sugiero a la COB que pida e insista en que la renta mínima sea de Bs. 1.200, igual al salario mínimo nacional, además que las rentas a calcularse deberán estar sujetas al promedio de las 24 últimas papeletas de pago, que con 35 años de servicios podrán obtener justificadamente una renta del 100% del indicado promedio.
De acuerdo con mi nota anterior, reitero que los trabajadores deberán ser los fiscalizadores de sus recursos, mientras que hoy nadie fiscaliza los recursos depositados por aportes, tampoco se conoce efectivamente el destino que tienen. Sin embargo en publicaciones del Ministerio de Hacienda del 31 de julio de 2012, se indica objetivamente que a esa fecha la rentabilidad de los aportes era del 6,1%, lo que significaba rentas por demás miserables.
Las promesas de lucha contra el neoliberalismo han sido solamente palabras, los hechos expresan todo lo contrario, continuamos con un sistema que es producto del capitalismo, del neoliberalismo y con las acciones demuestran las grandes falencias y las aplicaciones de normas contrarias a los intereses de los trabajadores. Sépase que la mentada Ley de Pensiones 065 no tiene el menor viso de dar una solución al hambre y la miseria de los trabajadores. De acuerdo con esa ley, el pasar a la jubilación será la condena a una muerte lenta, sólo por haber trabajado y aportado toda una vida.
¿Hasta cuándo el Gobierno abusará de los trabajadores?
Fuente: El Diario
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